Se aprueba el Decreto-Ley nº 10-J/2020, de 26 de marzo, por el que se establecen medidas excepcionales para proteger los créditos de las familias, empresas, instituciones privadas de solidaridad social y otras entidades de la economía social, así como un régimen especial de protección personal garantías del Estado, en el marco de la pandemia de la enfermedad COVID-19.