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Adhesión de Entidades Intermediarias de Crédito Bancario

Adesão de Entidades intermediárias de crédito bancário

El Decreto-Ley nº 81-C/2017, de 7 de julio, en el apartado 2 de su artículo 70, obliga a los intermediarios de crédito a adherirse al menos a dos centros de arbitraje.
Este Centro de Arbitraje ya ha tenido muchas adhesiones, del Norte al Sur del país, en el ámbito de la citada legislación impuesta por el Banco de Portugal a los intermediarios de crédito bancario.
Son numerosas las ventajas de adherirse a este Centro de Arbitraje, por lo que le dejamos a continuación toda la información necesaria sobre CAUAL, nuestro ámbito de actuación, así como todo el proceso de adscripción.
La afiliación al Centro de Arbitraje de la Universidade Autónoma de Lisboa por parte de personas jurídicas que actúen como intermediarios de crédito bancario tiene un coste anual de 60,00 € (sesenta euros) que deberá abonarse en el momento de la afiliación.
Le informamos que CAUAL es un centro de arbitraje con competencia genérica y de alcance nacional, pudiendo albergar cualquier controversia legalmente arbitrable, además de las de consumo. Por lo tanto, es mucho más amplio en relación con las disputas que recibe.
Entonces, los conflictos vecinal, comercial (contratos y otros), familiar (regulación y cambio de responsabilidades parentales, divorcios, herencias), laboral, en el contexto de la “salud”, también están incluidos en el servicio que ofrecemos, además de lo que le exige el Banco de Portugal.
La mediación y la conciliación están incluidas en el servicio que se prestará a los empleados de las organizaciones miembros. Si bien estos conflictos quedan fuera del ámbito del consumo, CAUAL mantiene las tablas vigentes para este tipo de conflictos, prestando el servicio por valores absolutamente simbólicos.
Le recordamos que la resolución extrajudicial de conflictos es una vía más rápida, menos costosa y donde las partes encuentran un mayor grado de satisfacción.
Los mediadores de conflictos de CAUAL están todos certificados por el Ministerio de Justicia, otorgando fuerza ejecutiva a los convenios suscritos por ellos, prescindiendo así de cualquier otro tipo de aprobación.

 

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